El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, dispone que todos los proveedores que hayan librado bienes o prestado servicios a la Administración Pública pueden expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda a las entidades siguientes:

• Sociedades amónimas.
• Sociedades de responsabilidad limitada.
• Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que no tienen nacionalidad española.
• Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria
• Uniones temporales de empresas.
• Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondos de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondos de utilización de activos, Fondos de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
  
  

Sin embargo, quedan excluidos de la obligación de FACTURACIÓN electrónica de los sujetos anteriores cuando se trate de facturas de importe de hasta 5.000 euros. Sueca, a 12 de enero 2015 El interventor